La provincia de Huelva acumula desde hace años una avalancha de interés minero privado sin precedentes recientes: concursos públicos de la Junta de Andalucía para adjudicar derechos de investigación, empresas como Atalaya, Alto Minerals, Cobre Las Cruces, Emérita Resources o Minas de Aguas Teñidas compitiendo por permisos, y multinacionales que amplían sus posiciones en la Faja Pirítica. A ese movimiento privado se suma hoy uno de naturaleza diferente: el Estado se reserva para sí una zona de exploración. No para licitar ni para conceder, sino para investigar directamente, en interés del país.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha publicado este viernes en el BOE la reserva de la zona minera de San Silvestre de Guzmán a favor del Estado, dentro del Programa Nacional de Exploración Minera 2026-2030 (PNEM). La reserva abarca 4.663 cuadrículas mineras en plena Faja Pirítica Ibérica, la formación geológica que atraviesa el sur de la provincia de Huelva y que está considerada una de las mayores concentraciones de depósitos masivos de sulfuros del mundo.
La figura de la reserva a favor del Estado es algo excepcional. En la actualidad, las reservas estatales vigentes se cuentan con los dedos de una mano: la de Agua Blanca, en Badajoz, para níquel y cobre, y la de Pinoso, en Alicante, para sal gema. San Silvestre de Guzmán, Huelva, se suma a esa brevísima lista.
Qué implica la reserva
A diferencia de los permisos de investigación que la Junta de Andalucía ha venido adjudicando a empresas privadas, una reserva a favor del Estado no pasa por concurso público ni por licitación. El terreno queda blindado para que la Administración lo investigue de forma directa, con sus propios organismos y medios. En este caso, serán el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) y el Grupo Hunosa quienes lleven a cabo los trabajos durante un periodo mínimo de tres años.
Este año 2026 se dedicará a redactar los proyectos de ingeniería y geología, junto con los planes de restauración, que se presentarán al Miteco para su tramitación. A partir de ahí, los trabajos contemplados incluyen vuelos geofísicos, recogida de muestras superficiales, campañas geoquímicas en rocas y arroyos, geofísica terrestre, calicatas y sondeos. Todo ello acompañado de las medidas de protección ambiental que la ley exige.
El objetivo es determinar si en San Silvestre de Guzmán hay presencia de minerales críticos para la economía europea y, al mismo tiempo, estudiar si los residuos mineros acumulados en la zona pueden convertirse en fuente secundaria de materias primas. La lista de minerales objeto de investigación es larga: antimonio, bismuto, cadmio, cobalto, cobre, cromo, galio, germanio, hierro, indio, manganeso, molibdeno, níquel, oro, plata, plomo, selenio, estaño, azufre, teluro, wolframio, zinc, elementos del grupo del platino y cualquier otro asociado a los sulfuros polimetálicos.
La reserva de San Silvestre de Guzmán llega en un momento de máxima actividad minera en la provincia. En julio de 2024, la Junta de Andalucía convocó un concurso público para adjudicar 90 permisos de investigación minera en 30 municipios onubenses, sobre derechos caducados que se extendían por una superficie cercana a las 65.000 hectáreas. El resultado, publicado en el BOJA en septiembre de 2025, otorgó permisos que afectan a 30.308 hectáreas –el 3% del territorio provincial– a seis empresas adjudicatarias, con Atalaya Riotinto Minera como principal beneficiaria, al hacerse con aproximadamente dos tercios de las cuadrículas.
A eso se suma la posición consolidada de Sandfire MATSA, que cuenta en la Faja Pirítica Ibérica con 32 permisos de investigación sobre una extensión superior a 180.000 hectáreas, y que en 2025 obtuvo cuatro nuevos permisos con un compromiso de inversión estimado en más de 5 millones de euros en tres años.
La propia administración central reconoce la dimensión estratégica del momento. El Consejo de Ministros aprobó en marzo de 2026 el I Plan de Acción para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales 2026-2030, con una inversión pública de 414 millones de euros. El PNEM, del que forma parte la reserva de San Silvestre de Guzmán, es una de las piezas de ese plan. Sus actuaciones se articulan en tres bloques: exploración de materias primas primarias con cartografía, estudios geoquímicos, geofísicos, sondeos y modelos predictivos con inteligencia artificial; aprovechamiento de residuos mineros con inventarios y análisis avanzados; y actuaciones transversales de sostenibilidad, gestión de datos, formación y difusión.
Por qué San Silvestre
San Silvestre de Guzmán es un municipio del Andévalo occidental, en el extremo noroeste de la provincia, cerca de la frontera con Portugal. Su inclusión en el PNEM responde a su ubicación en la Faja Pirítica Ibérica, la gran estructura geológica que, a lo largo de unos 250 kilómetros desde el Alentejo portugués hasta Sevilla, concentra algunos de los yacimientos de sulfuros polimetálicos más importantes del planeta. Minas de Riotinto, Tharsis, Sotiel o las actuales instalaciones de Atalaya y MATSA son expresiones de esa riqueza. San Silvestre de Guzmán entra ahora en el mapa por decisión del Estado, no por iniciativa privada.
La reserva no garantiza que haya producción futura. Su propósito es investigar, caracterizar el subsuelo y evaluar si los residuos acumulados contienen materiales recuperables. En función de lo que arrojen esos estudios, las administraciones decidirán los pasos siguientes. Pero la decisión de reservar la zona –sustraerla al mercado y asignarla directamente a organismos públicos– refleja hasta qué punto el Estado considera que los recursos del subsuelo onubense son demasiado estratégicos para dejarlos únicamente en manos del sector privado.